El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha planteado "someter a debate y reflexión" si se debe sancionar la filtración de informaciones judiciales sobre casos bajo secreto de sumario y a los medios de comunicación por publicarlas, con el fin de salvaguardar la presunción de inocencia. "Podríamos someter a debate y a reflexión dónde hay que poner los controles: si en la transmisión de información o en el medio que la publica", ha declarado a los medios tras mencionarlo a preguntas de los asistentes a un almuerzo-coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona.
Lo ha dicho al preguntale un asistente cómo se podría garantizar la confidencialidad en las investigaciones judiciales, lo que el ministro considera muy difícil de lograr, aunque una manera podría ser "prever las sanciones adecuadas para quien lleve a cabo esa filtración" o bien poniendo el foco en los medios de comunicación.
A preguntas de los periodistas, Catalá ha asegurado después que esta cuestión, que no está en el marco jurídico actual, tampoco forma parte de la agenda del Gobierno para esta legislatura.
Durante la conferencia, el ministro también ha lamentado que se haya estigmatizado la figura del imputado, al que cree que se ha convertido en un precondenado: "Hemos mandado al garete la presunción de inocencia".
La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González, ha mostrado un "absoluto rechazo" contra la propuesta del ministro Catalá. "No es la primera vez que se pone este asunto sobre la mesa y desde el punto de vista periodístico merece un rechazo absoluto. ¿Qué periodismo de investigación se puede realizar si te cortan todas las alas?", ha indicado en declaraciones a TVE.
A su entender, tanto el periodista como el medio de comunicación "sabe de su responsabilidad y debe de ser consciente de ello", al tiempo que ha reiterado que ese es el motivo por el que se publica "aquello que se considera de interés público para todos los ciudadanos".
La presidenta de la FAPE ha ensalzado la labor de los periodistas de investigación, cuestionando "cuántos casos se hubieran hurtado al ciudadano" si no hubieran sido hechos públicos por los medios de comunicación y los informadores. "Que se persiga a filtradores, funcionarios, jueces... pero precisamente al que lleva las misivas y al mediador, no tiene sentido", ha añadido.
Además, ha señalado la dificultad para imponer este tipo de sanciones judiciales. "Si son los medios los responsables, un medio que esté localizado en España puede ser castigado, pero el medio que esté localizado en otros sitios como las islas Bermudas o cualquier medio online ha indicado.
El portavoz de la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), Nemesio Rodríguez, considera "intolerable" la propuesta del ministro de Justicia, al tiempo que entiende que se trata de "censura previa" que "trata de presionar a los periodistas" para que no difundan determinadas informaciones que "molestan al poder".
En este sentido, ha recordado que el periodista "está obligado a difundir siempre la información que le llegue comprobando su veracidad y no tiene otra obligación". "No se puede matar al mensajero porque se limita a difundir información", ha reiterado.
"Consideramos que si tiene que haber sanciones es a los filtradores, no a los periodistas", ha concluido.