El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha cerrado la causa en la que investigaba la muerte durante la invasión de Irak del cámara José Couso, que se produjo el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina de Bagdad, al considerar que no tiene margen para continuar la instrucción debido a la reforma de la ley de jurisdicción universal y a la reciente sentencia del Supremo que confirmó el archivo de las pesquisas sobre el genocidio en el Tíbet. El magistrado, que eleva el procedimiento a la Sala de lo Penal para que acuerde el sobreseimiento de las actuaciones, señala que esta resolución, de la que fue ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, es "extensible a procedimientos con similar fundamento" y tiene "fuerza vinculante para los jueces y tribunales inferiores". "El flexo no podrá mantenerse encendido", se lamenta Pedraz.

El juez mantenía procesados desde el 4 de octubre de 2011 y bajo orden de busca y captura al teniente coronel del Ejército de Estados Unidos Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, a los que acusaba de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado en concurso con homicidio.

La familia, amigos y compañeros de Couso consideran al Gobierno del PP culpable de la decisión del juez Pedraz y han avisado de que recurrirán la decisión porque "aquí no termina la batalla". Los allegados a Couso han reconocido en un comunicado estar "desolados e indignados" por la decisión del juez, pero a la vez están "decididos a no tirar la toalla" y recurrirán la decisión hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pedraz ha concluido así 12 años de investigación, que ha incluido tres autos de procesamiento contra los tres militares de Estados Unidos que presuntamente dispararon contra él. Los hechos comenzaron a ser investigados el 17 de octubre de 2003 después de que el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Guillermo Ruiz Polanco, admitiera a trámite una querella que los familiares del cámara habían interpuesto en la Audiencia Nacional en mayo de ese año. La Fiscalía se opuso a la apertura de la investigación argumentando que los tribunales españoles no tenían competencia para perseguir estos hechos.

En octubre de 2005 el juez Santiago Pedraz dictó orden internacional de busca y captura contra el teniente coronel del Ejército de Estados Unidos Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson como autores de los hechos. El instructor adoptó esta decisión después de haber librado varias comisiones rogatorias a Estados Unidos sobre las causas del ataque al hotel que no obtuvieron respuesta.

En febrero de 2006 las autoridades de Estados Unidos rechazaron la petición del juez para interrogar a los imputados y en marzo de ese año la Sala de lo Penal archivó las actuaciones al entender que se trató de un "acto de guerra contra un enemigo aparente erróneamente identificado". El 5 de diciembre el Supremo reabrió el caso argumentando que, según el Tribunal Constitucional, el principio de justicia universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales.

El 16 de enero de 2007 Pedraz volvió a ordenar la detención de los tres militares y el 27 de abril les procesó por primera vez por un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato con la agravante de alevosía. A su juicio, el ataque tuvo la finalidad de "aterrorizar a los periodistas", ya que "el mismo día se dirigieron ataques a las cadenas televisivas Al Yazira y Abu Dhabi".

El 13 de mayo de 2008 la Sala de lo Penal revocó el procesamiento de los militares al considerar que el Ejército americano no se extralimitó en su ataque al hotel en el que se encontraban los periodistas, al tratarse de un acto de guerra y al no descartar el "hostigamiento" por parte de enemigos iraquíes en el edificio.

Tras tomar declaración por escrito a los exministros de Defensa Federico Trillo y Asuntos Exteriores Ana Palacio, Pedraz volvió a procesar a los militares el 21 de mayo de 2009, que fue de nuevo revocado por la Sala de lo Penal el 14 de julio de ese año. El 6 de julio de 2010 el Supremo ordenó reabrir la causa y el 29 de julio de ese año Pedraz volvió a ordenar la detención de los supuestos responsables.

En enero de 2011 Pedraz visitó el lugar de los hechos al frente de una comisión judicial y acompañado de varios periodistas que se encontraban junto al cámara. Allí, certificó que desde el puente desde el que se realizaron los disparos se veía la habitación de Couso. Esta conclusión fue ratificada en mayo siguiente por los peritos que le acompañaron.

El 5 de octubre de 2011 el magistrado procesó por tercera vez a los militares al considerar que Couso fue víctima de "un plan" norteamericano orquestado para evitar que los medios informaran de la invasión de Bagdad. El caso quedó entonces en el limbo por la falta de colaboración de las autoridades norteamericanas, que hicieron que le juez elevara una queja al Ministerio de Justicia en enero de 2014.

El 17 de marzo de ese año Pedraz se negó a archivar la causa a pesar de la limitación de la justicia universal impulsada por el PP, al considerar que prevalecía el IV Convenio de Ginebra sobre crímenes de guerra. La Fiscalía le acusó entonces de construir "un andamiaje jurídico equivocado" aunque el 6 de junio el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló la decisión del magistrado de continuar la investigación.