Los grupos parlamentarios han decidido, ante la falta de un acuerdo, delegar en las Mesas de Congreso y Senado el sistema de renovación del Consejo de RTVE. La propia presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, ha encargado a los letrados del Congreso un informe para determinar si este proceso ha de producirse a través de candidaturas realizadas por los grupos, como plantean PP y PSOE, o a través de concurso público, como defienden Unidos Podemos y Ciudadanos.

Según la nueva Ley de RTVE, que entró en vigor en septiembre, el sistema para renovar al Consejo de la Corporación es el concurso público, pero la normativa que lo regula debía estar lista tres meses después de su puesta en marcha, el 30 de diciembre de 2017. En el caso de no ser así, se aplicaría la ley anterior, lo que se interpretó como una vuelta al texto de 2012, ley que fue aprobada con la mayoría absoluta del PP y que habilita a los partidos a presentar a sus candidatos según el método en vigor hasta ahora.

Pero este texto es una disposición transitoria, por lo que sólo se aplicará hasta que el grupo de trabajo consiga poner en marcha la normativa del concurso, aunque lo haga fuera del primer plazo estipulado.

Así lo han defendido tanto Unidos Podemos como Ciudadanos, siendo el partido naranja quien solicitó una nueva reunión del grupo de trabajo que debe elaborar el concurso. Este encuentro, que ha tenido lugar el martes 23 de enero, no ha servido para acercar posturas sobre esta materia, según han señalado la portavoz morada sobre RTVE, Noelia Vera, y su homólogo de Ciudadanos, Guillermo Díaz, que han denunciado la "falta de voluntad política del bipartidismo".

Vera ha explicado a la salida de la reunión que se ha decidido poner en manos de las Mesas de Congreso y Senado el sistema de renovación ante las "incoherencias" que existen en la ley sobre este proceso y la falta de acuerdo entre los partidos a la hora de interpretarlas. Así, confirma que "la reforma sigue estancada" a la espera de la decisión de las mesas que, además, el grupo de trabajo "tendrá que acatar".

"Teníamos una oportunidad de oro para garantizar la independencia e imparcialidad de RTVE y el freno de la privatización", ha lamentado la diputada de Unidos Podemos, quien ha confesado que "teme" que las Mesas acaben "dilatando" el proceso y se llegue a junio, cuando acaba el mandato del actual presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, "sin renovación y sin concurso".

De forma similar se ha expresado Guillermo Díaz, quien ha denunciado lo "difícil" que es conseguir "que el bipartidismo saque las zarpas de la televisión pública y permita que los miembros de su consejo sean elegidos por concurso". "Nos pasa como con el Consejo General del Poder Judicial, hay cosas para las que los dos viejos partidos sí que se ponen de acuerdo, para elegir a los jueces y a los miembros del Consejo de RTVE", ha ironizado el diputado de Ciudadanos.

Del mismo modo, ha lamentado que tanto su partido como Unidos Podemos hayan puesto encima de la mesa dos propuestas de normativa para el concurso, pero no hayan conseguido que el resto de partidos presenten la suya. "Vistas determinadas actitudes lo veo complicado", ha declarado tras ser preguntado sobre las posibilidades de que, finalmente, la decisión de las mesas sean favorables al concurso.

Por su parte, el PSOE se ha mostrado "preocupado", según ha manifestado su portavoz en esta materia, José Miguel Camacho, porque considera que poner en marcha el concurso es "una excusa para no renovar ya al Consejo de RTVE".

"No vamos a consentir que el concurso sea la excusa. La situación de RTVE no puede seguir ni un día más en la situación en la que está, por eso pedimos que las mesas se pronuncien sobre el proceso y pongan en marcha el mecanismo para hacerlo", ha declarado el diputado socialista ante los medios.

Según ha explicado Miguel Camacho, la ley dice "claramente" que antes del 31 de diciembre había que elaborar el concurso y, si no, se aplica el sistema de elección anterior, un proceso que, según interpretan los socialistas es el que se contempla en la nueva Ley de la Corporación: una primera vuelta que exige el apoyo de dos tercios de las Cámaras (233 diputados en el Congreso) y, en el caso de que no se consiga, una segunda vuelta en la que se permite la mayoría absoluta (176 diputados), pero que los candidatos cuenten con el respaldo de, al menos, cuatros grupos parlamentarios.

Preguntado sobre las diferentes interpretaciones que se ha hecho de esta norma, Camacho ha señalado que "cuando se aprueba una ley y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "los artículos anteriores ya no están en vigor". "No veo la problemática", ha concluido.