Los servicios jurídicos del Congreso han ratificado en un informe que el decreto ley del Gobierno impone una renovación urgente del Consejo de RTVE que supone que los candidatos no sean sometidos a examen parlamentario, y que su nombramiento se produzca antes, incluso, de que la Cámara vote la convalidación o derogación de la norma que provoca el relevo.
El informe fue encargado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tras recibir el decreto ley del Gobierno, ya que corrige las bases del concurso público que las Cortes Generales ya estaban a punto de poner en marcha. De hecho, el jueves 28 de junio el Senado tenía programada la reunión de la Mesa de la Cámara para arrancar el proceso.
El documento indica que el Congreso y el Senado deben elegir a los diez consejeros antes del 8 de julio y que, si la Cámara Alta no cumple su función, dado que el PP tiene mayoría absoluta y se opone a ese proceso urgente, en la Carrera de San Jerónimo habrá que convocar nuevas sesiones plenarias en diez días.
En total, y hasta el 18 de julio, podrían llegar a celebrarse hasta siete plenos en el Congreso para completar la renovación de RTVE. En cambio, la votación para la convalidación o derogación del decreto ley que ordena este relevo puede ser posterior, ya que para ello se dispone de 30 días.
Debido a lo precipitado de los plazos, los servicios jurídicos recomiendan evitar la convocatoria de la Comisión Consultiva de Nombramientos, y prescindir de la intervención de la Mesa para la apertura formal de un plazo de presentación de candidaturas. Los aspirantes, por tanto, no tendrán que comparecer ante el Congreso, tal y como se especifica en la Ley, y así se podría acelerar el proceso para cumplir con las fechas.
Los letrados proponen la idea de que sea el 2 de julio cuando se produzca la primera votación para la selección de los seis consejeros de RTVE que corresponden al Congreso. Estos candidatos necesitarán el apoyo de dos tercios de la Cámara, un aval que, previsiblemente, no obtendrán, por lo que deberá celebrarse una segunda votación en la que ya basta con la mayoría absoluta.
Según el decreto, esta segunda ronda debe hacerse en un plazo máximo de 48 horas, por lo que sería el 4 de julio cuando, a propuesta de los letrados, estarían elegidos los miembros del Congreso del Consejo de Administración con el apoyo de, al menos, 176 diputados.
De estos consejeros, uno deberá convertirse en el presidente de la Corporación, pero para ello las Cortes deben haber completado la elección de los diez consejeros, y por tanto también los cuatro del Senado. En ese caso, la votación del presidente deberá realizarse en una tercera sesión plenaria el 6 de julio, y teniendo en cuenta que ocurrirá lo mismo que con el anterior proceso, será necesario recurrir a una segunda vuelta 48 horas después, el domingo 8 de julio, para nombrar definitivamente este cargo.
Pero si el Senado no cumple los planes, habría que abrir un periodo de 10 días naturales, desde el 8 de julio, para que sea el Congreso quien haga los cuatro nombramientos. Esto se realizaría en tres sesiones plenarias, "previsiblemente entre el 9 y 18 de julio", según plantean los servicios jurídicos.
Para convocar estos plenos, teniendo en cuenta de que según la Constitución julio es un mes inhábil a efectos parlamentarios, los letrados señalan que si el proceso empieza antes del 30 de junio, las sesiones serían convocados a solicitud de los grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara, mientras que si se recurre al periodo extraordinario, deberá intervenir el Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta del Congreso.
Y si los plazos no se cumplen y no se consigue renovar el Consejo de Administración de RTVE en los tiempos requeridos por el decreto ley, este mismo texto recoge que será el Gobierno quien nombre a un administrador provisional único, con el mismo sistema de votación en dos rondas que en el proceso anterior.
El informe recuerda que el decreto ley describe este nuevo Consejo de Administración de RTVE como provisional hasta que tengan lugar los nombramientos por concurso público, tal y como se recoge en la Ley de la Corporación. Por ello, los letrados recomiendan a las cámaras que continúen con el procedimiento de renovación "contemplado en la normativa".
Actualmente está pendiente la ratificación del reglamento del concurso público por parte del Senado. La Cámara Baja ya lo aprobó la semana pasada con los votos de PP y Ciudadanos y las protestas de PSOE y Unidos Podemos.
El informe jurídico recuerda que el Gobierno ha modificado con el decreto ley la composición del comité de expertos que escoge a los candidatos, así como el orden y momentos en que deben comparecer ante Congreso y Senado, por lo que las Cámaras deben adaptarse a esta nueva regulación.