El Congreso da una semana a sus letrados para corregir las bases del concurso de RTVE

La Mesa del Congreso ha encargado a los servicios jurídicos de la Cámara que solventen las deficiencias jurídicas que presenta el concurso público para renovar al Consejo de Administración de RTVE, propuesto por la oposición. Las bases de este procedimiento, ya corregidas, deberán estar listas para el martes 5 de junio.

La semana pasada, un informe encargado a los letrados del Congreso confirmaba las "dudas" que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, y el grupo parlamentario popular habían planteado acerca del texto firmado por el resto de grupos. Según este documento, el concurso público propuesto no suponía una "plena ilegalidad", pero sí presentaban algunos "problemas de fondo" sobre los que era preciso "advertir".

Ante esta situación, Ana Pastor propuso que los propios servicios jurídicos se encargaran de corregir todo aquello que no se adaptaba a la ley. Sin embargo, "varios grupos", según explicó la presidenta, pidieron ser ellos mismos quienes adaptaran las nuevas bases.

El lunes 28 de mayo, la situación ha vuelto a cambiar y, según han explicado fuentes parlamentarias, los representantes de los grupos en la Mesa han decidido apoyar la propuesta de Ana Pastor y, finalmente, serán los letrados quienes hagan este trabajo. Tendrán una semana para presentar el nuevo reglamento.

El proceso de renovación de la cúpula de RTVE lleva bloqueado desde el pasado mes de diciembre, cuando los grupos no consiguieron ponerse de acuerdo en las bases del concurso público que, por ley, debían consensuar antes de que acabara 2017. Tras varias consultas a la Mesa, Ana Pastor pidió a los partidos que presentaran una propuesta "con el mayor consenso posible", un texto que llegó el pasado mes de abril, firmado por todos los grupos de la Cámara, excepto el PP, que siempre ha mostrado su oposición a cambiar la directiva de la Corporación.

Ese es el texto que, tras un análisis de las mesas de Congreso y Senado, causó dudas sobre su legalidad a Ana Pastor y a los diputados y senadores populares, que encargaron un informe a los servicios jurídicos de las Cortes.

Como ejemplo, los letrados indican que, según la ley, los miembros del Consejo de RTVE deben ser elegidos por los plenos de Congreso y Senado "con mayoría de dos tercios en primera votación y con mayoría absoluta en segunda, siempre y cuando la candidatura hubiera sido planteada por al menos la mitad de los grupos de la Cámara que corresponda".

Sin embargo, la propuesta de concurso no habla en ningún momento de elección por parte de los grupos, sino de un comité de expertos encargado de hacer la selección de aspirantes.

Precisamente, la labor de estos expertos también se pone en cuestión, ya que el concurso público recoge que formarán el órgano encargado de evaluar a los aspirantes y de elevar un informe a la comisión parlamentaria que ha de examinarles, una labor que podría no encajar con la ley.

Y es que, con esa redacción la capacidad decisoria de las Cámaras se hallaría "disminuida" porque da más peso a los expertos que el que otorga la ley. Además, advierten de que no se prevé un sistema de impugnación para aquellos que puedan ser descartados, ni se ha programado un plazo de "subsanación para el caso de incumplimiento de los requisitos formales, ni solución para la eventualidad de que no se preseleccione a un número suficiente de candidatos".

Los letrados también señalan que el texto de la oposición distingue dos procesos distintos, uno para los candidatos a consejeros y otro para el futuro presidente de RTVE. Esta división "tiene difícil encaje" con la ley, según los expertos jurídicos, ya que en esta se señala que "sólo puede ser presidente quien tiene la condición de consejero de la Corporación". Además, advierte que debe ser el Congreso quien debe elegirlo, "haya o no optado por este cargo desde un principio".

Otra cuestión que no se ajustaría a la ley es el "proyecto de gestión vinculante para todo el mandato" que se exige presentar a los candidatos a la presidencia de RTVE y que, para la oposición, pasa a formar parte del contrato-programa.

En este sentido, se acepta que puedan presentar un proyecto, pero no que éste pueda ser vinculante, pues la ley dice que son las Cortes Generales las que aprueban mandatos-marco en los que se concretan los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendados, y que están vigentes nueve años.

Limitar el número de órganos de la Cámara implicados en el procedimiento; corregir algunos de los requisitos que se exigen a los aspirantes al Consejo de Administración; o especificar quién convoca la apertura de la convocatoria y los plazos a seguir, son otras de la reformas que proponen los expertos.