Los españoles pagarán 1.722 millones de euros hasta 2022 por el ERE de RTVE

El Tribunal de Cuentas recomienda a RTVE seguir unos "criterios objetivos" para determinar la plantilla "estrictamente" necesaria para prestar el servicio público que tiene encomendado, según el Informe de fiscalización sobre la gestión de personal llevada a cabo por el Ente Público RTVE con motivo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), puesto en marcha por la Corporación en el año 2007, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que afectó a 4.150 trabajadores. El documento -que se ha elevado a las Cortes Generales- hace referencia a los criterios a seguir en futuros procesos de reestructuración que puedan afectar a la actual Corporación, aunque también se podrían hacer extensibles al resto de empresas públicas.

Estas recomendaciones se recogen en un informe del Tribunal de Cuentas que analiza el ERE realizado por la Corporación entre 2007 y 2013 para verificar si se han cumplido las disposiciones legales y reglamentarias a que está sometida la Entidad Pública en la aprobación y ejecución del ERE; si se ha hecho un adecuado reflejo contable en sus cuentas de resultados del periodo 2007-2013; y comprobar si todas las actividades desarrolladas por RTVE en el proceso de determinación de sus necesidades objetivas de personal se han sometido a los principios de buena gestión.

Al término de este análisis, el informe también aconseja a RTVE ser "más estricta" a la hora de fijar el número máximo de trabajadores afectados por un ERE, lo que evitaría, a su juicio, tener que contratar a "una gran proporción de nuevos trabajadores" para poder seguir cumpliendo los objetivos asignados.

El informe recuerda que, en 2006, el Ministerio de Economía y Hacienda firmó un Convenio con el Ente Público RTVE mediante el cual le concedió una subvención de 480 millones de euros para el ejercicio 2006, siempre que se comprometiera a elaborar de forma conjunta con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un Plan de Saneamiento y Futuro para RTVE.

Por este motivo, se creó una Oficina de Proyecto que elaboró, en febrero de 2006, el primer Plan de Saneamiento y Futuro que, entre otros aspectos, fijó la plantilla objetivo de RTVE en 4.765 efectivos, lo que suponía una reducción del 48% sobre los 9.212 trabajadores que tenía en ese momento.

En el Acuerdo de constitución de la Corporación RTVE -firmado con los agentes sociales- se pactó que, de los 1.124 trabajadores contratados que había en RTVE, pasarían a fijos 450, aunque finalmente fueron 866 trabajadores por lo que el documento concluye que el 58% de los casos analizados "no cumplían con alguno de los criterios básicos de conversión, por lo que no deberían haber pasado a ocupar un puesto fijo".

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también pide limitar las subidas anuales para el personal afectado, de tal forma que no superen "en ningún caso" a las subidas establecidas para el personal que continúa en activo. En su informe, señala que, durante el periodo 2007-2013, la subida realizada en la Corporación "ha sido siempre superior a la de la legislación presupuestaria" y, por tanto, es la que se ha aplicado al personal acogido al ERE, lo que ha supuesto un incremento salarial del 9,39%, al que hay que añadir la negociación de otra subida salarial anual acumulativa del 2,5%.

Según el Tribunal de Cuentas, esta doble subida "carece de una justificación económica" ya que su efecto sobre los trabajadores desvinculados por el ERE supone que, en el ejercicio 2016, la media del neto que reciban los trabajadores del ERE supere el 92% del sueldo actualizado que cobrarían en ese ejercicio si siguieran en activo; y que, a partir del ejercicio 2020, un trabajador desvinculado por el ERE va a ganar más en neto que el 100% de lo que percibiría en activo de haber continuado en la Corporación RTVE.

Además, hace hincapié en la necesidad de no seguir el criterio exclusivo de la edad a la hora de determinar los excedentes laborales, manteniendo cierto margen de actuación según las necesidades de puestos contrastados.

En este sentido, el informe cuestiona que, aunque uno de los objetivos del acuerdo fue el rejuvenecimiento de la plantilla de la futura Corporación, se sustituyeron trabajadores acogidos a un ERE por otros de mayor edad. En concreto, se permitió la incorporación de 39 trabajadores mayores de 50 años y de seis que superaban los 60, "sin perjuicio de que no se puede discriminar la contratación en función de la edad de los trabajadores".

Por último, aboga por extremar la concreción de las condiciones económicas y las incompatibilidades establecidas para tratar de paliar "la alta conflictividad judicial" que se está produciendo en la aplicación del actual ERE.

El coste real del expediente de regulación de empleo (ERE) puesto en marcha por RTVE en 2007 asciende a 1.722 millones de euros hasta el ejercicio 2022, de los que 1.051 millones de euros ya se han desembolsado en el periodo 2007-2013. La cifra abonada hasta la fecha incluye, no sólo las cantidades pagadas por el Ente Público, sino también las abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal en concepto de prestaciones por desempleo.

A pesar de "las dificultades expuestas", el documento indica que el Ente Público ha logrado recuperar, hasta el 31 de diciembre de 2013, un total de 369.886 euros, efectuando los correspondientes descuentos en nómina al personal que ha estado trabajando en otra sociedad en competencia directa con las actividades de la Corporación.

Por su parte, fuentes de RTVE han señalado a Europa Press que el citado ERE se adoptó durante el mandato de Carmen Caffarel al frente de la Corporación y han destacado que el ente "cumple estrictamente la normativa y la legalidad vigente".