Los letrados del Congreso han denunciado la "confusa redacción" de la nueva ley de RTVE aprobada el pasado mes de septiembre y han avisado de que, en tanto en cuanto no se diseñe el concurso público previsto para seleccionar candidatos al Consejo de RTVE, la aplicación de los cambios del sistema de elección queda en el aire.

A petición de los grupos parlamentarios, los letrados de la Cámara Baja han elaborado un informe sobre esta norma para confirmar que el plazo legal para consensuar las bases del concurso público de renovación del Consejo de RTVE termina el 31 de diciembre (a los tres meses de la aprobación de la ley) y que, en el caso de no haber acuerdo, se debe volver a lo estipulado en la normativa anterior.

Esto último es lo que determina la disposición segunda de la nueva ley de RTVE, según han explicado hasta ahora las formaciones políticas, que interpretan que, a falta de concurso público, se habilitaría a los partidos a proponer directamente a los candidatos, siguiendo la fórmula tradicional.

Sin embargo, en el informe los letrados señalan ahora que "la confusa redacción" de este apartado, que remite al "procedimiento vigente", hace que sea necesaria una "labor de interpretación previa".

A juicio de los letrados el término "procedimiento vigente", incluido en el texto a través de una enmienda en el Senado, es "ambiguo", por no quedar claro "si se refiere al procedimiento vigente en el momento actual o al existente en el momento de la aprobación de la nueva ley, pero previo a su entrada en vigor", es decir, el texto de 2012 que el PP impuso con su mayoría absoluta.

Para los letrados, si el legislador hubiera querido vincular el nuevo sistema de elección al hecho de que el mismo fuera desarrollado normativamente en un plazo concreto, lo tendría que haber previsto de

forma expresa. "Y no solo no lo ha hecho, sino que, en cambio, ha contemplado, siquiera de manera implícita, la posibilidad de que se supere el plazo establecido", apunta el informe.

Así, la disposición en la que se habla de regresar al "procedimiento vigente" prevé, precisamente, "en garantía de la seguridad jurídica y para evitar vacíos normativos", un mecanismo que permite resolver los problemas que pudieran derivarse de la eventualidad de que no se aprobara en plazo la normativa del concurso público, determinan los letrados.

Abundando en esa "confusa redacción" denunciada, los servicios jurídicos indican también que de la nueva ley de RTVE se derivan "varios regímenes jurídicos distintos para la elección del Consejo" -la reforma del PP de 2012, la que se aprobó en septiembre y el régimen transitorio-, cada uno de los cuales es "autónomo y aplicable en supuestos concretos".

Del mismo modo, señalan que, en caso de que esa normativa del concurso no se apruebe antes del 31 de diciembre, se aplicará el régimen transitorio y durante ese tiempo se aplicaría el sistema anterior a su entrada en vigor para la cobertura de las vacantes que pudieran producirse.

"Una vez esta normativa sea aprobada, la citada Ley podrá desplegar todos sus efectos y se podrá proceder, conforme al nuevo procedimiento y en los términos de la disposición transitoria primera, a la elección de un nuevo Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su presidente", concluye.

Es decir, los letrados entiende que si el concurso no se aprueba antes del 31 de diciembre, la puerta seguirá abierta a aprobarlo más adelante, lo que en principio descartaban el PP y el PSOE, que interpretan el plazo como un ultimátum.

De hecho, desde Ciudadanos entienden que los servicios jurídicos del Congreso están dando tiempo a la negociación del concurso público y que ofrecen un plazo "flexible" para aprobar su diseño y ponerlo en práctica.

Horas antes, el PSOE había registrado en el Congreso un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara para que convoque el 27 de diciembre al grupo de trabajo responsable de elaborar las bases del concurso público a través del cual se pretende renovar el Consejo de RTVE. El objetivo es lograr un acuerdo antes del 31 de diciembre.

Según el texto aprobado el mes de septiembre, la renovación a la cúpula de la radiotelevisión pública se debe llevar a cabo a través de un concurso público cuya normativa deberá estar aprobada antes de tres meses (la ley se publicó el 30 de septiembre). Si este plazo no se cumpliera, dice un aparatado del mismo artículo de la norma, inmediatamente se regresaría al sistema de elección anterior que habilita a los partidos para proponer directamente a los candidatos.

El portavoz socialista de la Comisión Mixta de RTVE, José Miguel Camacho, ha explicado que se trata de reunirse tras las elecciones catalanas para "sentarse todos los partidos y no levantarse hasta que se llegue a un acuerdo". En este sentido, el diputado ha llamado al resto de partidos a hacer "un esfuerzo" porque, como ha indicado, "todavía hay tiempo" para lograr un consenso antes de final de año.

Preguntado por la situación actual, el socialista ha explicado que existen propuestas de concurso público por parte de Ciudadanos, Unidos Podemos y de su propio partido, pero que necesitan de un letrado que les asesore con el objetivo de que, finalmente, el sistema de elección "no se dilate por impugnación".

"Es la primera vez en este país que se lleva a cabo un concurso. No se ha realizado nada igual en ninguna otra administración, por lo que hay que trabajar en una garantía jurídica y que no haya retrasos en la renovación", ha declarado ante los medios Camacho.

Esta iniciativa socialista llega después de la primera sesión de este grupo de trabajo, celebrada el jueves 14 de diciembre, que terminó con Unidos Podemos y Ciudadanos acusando a PP y PSOE de frenar los trabajos para diseñar el concurso público y, de este modo, agotar el plazo y elegir a los miembros de este órgano a dedo.

Horas después de la iniciativa del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han pedido conjuntamente que el grupo de trabajo responsable de elaborar las bases del concurso público a través del cual se pretende renovar el Consejo de RTVE se reúna el próximo 22 de diciembre, con el objetivo de lograr un acuerdo antes del 31 de diciembre, día en el que termina el plazo según la ley.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha indicado que su partido no bloqueará la negociación, pero ha señalado que si no hay acuerdo se aplicará la ley.

El grupo de trabajo al que se reclama en las próximas semanas está formado por cuatro miembros de la Mesa del Congreso, tres de la Mesa del Senado y todos los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, aunque a la primera reunión sólo acudieron los representantes de PP, PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos y PNV.