Además de permitir a las comunidades autónomas elegir qué modelo prefieren para gestionar sus televisiones públicas -público, privado o mixto-, el anteproyecto de reforma de Ley General de Comunicación Audiovisual abre la puerta a la externalización de los informativos y elimina la obligatoriedad de que la mayoría de la programación de las públicas sea de producción propia.

Así, se eliminan los párrafos de la Ley General de Comunicación Audiovisual en los que se obligaba a los entes públicos a impulsar la producción propia de su programación "de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas".

Asimismo, se retira de la ley el párrafo en el que se prohibía explícitamente a los entes "ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determinen los mandatos marco que para cada ente se aprueben en desarrollo del marco competencial correspondiente".

En ambos casos, la Ley Audiovisual se refiere al conjunto de los entes públicos, incluidos RTVE, por lo que su eliminación de la norma teóricamente podría afectar también a TVE, aunque el funcionamiento de la cadena pública estatal está regulado por un conjunto de leyes, entre ellas la Ley de Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que aseguran su gestión pública, y que no han sido modificadas.

Por otro lado, tal y como informó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, el anteproyecto incorpora a la ley un nuevo párrafo en el que se afirma que "las comunidades autónomas determinarán los modos de gestión del servicio público de comunicación audiovisual, que puede consistir, entre otras modalidades, en la gestión directa, en la gestión indirecta o en diferentes instrumentos de colaboración público-privada".

En la exposición de motivos, el Ejecutivo razona que "la situación económica y la necesidad por parte del conjunto de las administraciones públicas de acometer actuaciones que faciliten la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas, aconseja proporcionar a las comunidades autónomas una mayor flexibilidad en la gestión de su servicio público de comunicación audiovisual".

En este sentido, justifica la eliminación de "determinadas limitaciones existentes" en la Ley Audiovisual relacionadas con "la cesión a terceros de las funciones de la producción y edición de determinados programas", así como la introducción de una "mayor flexibilidad" en la naturaleza de los entes públicos que presten el servicio público de comunicación audiovisual.

Con las modificaciones introducidas en la Ley audiovisual las comunidades autónomas dispondrán de distintas alternativas para elegir el modelo de gestión de sus televisiones públicas, ya sea la gestión directa, "una gestión indirecta a través de una persona privada" o "diferentes instrumentos de colaboración público-privadas", aunque la ley no detalla en qué consistirán estos instrumentos.