La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha pedido a los partidos de la oposición que tengan corregido el lunes 28 de mayo los términos del concurso público que propusieron para renovar el Consejo de Administración de RTVE. La intención es que la próxima semana estén solventadas las deficiencias jurídicas detectadas en dicho texto por los letrados de la Cámara.

Tras la reunión de la Mesa del Congreso, Ana Pastor ha explicado que su intención era que los propios letrados del Congreso hicieran los cambios pertinentes en las bases del concurso, para adaptarlos a la ley. Sin embargo, "varios grupos" han pedido trabajar ellos mismos en el texto.

De este modo, serán los partidos quienes, el lunes 28 de mayo, deberán tener listo el nuevo reglamento La presidenta no ha aclarado si ese mismo día se votará el texto, ni si, tras los cambios, el PP -único partido que no ha firmado este documento- decidirá apoyarlo.

En declaraciones a los medios, Ana Pastor ha criticado que los grupos hayan decidido encargarse de estas correcciones ya que, a su juicio, supone un retraso en el proceso. "Mi criterio era que los propios letrados trajeran la resolución definitiva, porque si no el proceso se retrasa", ha lamentado. Aún así, ha indicado que su intención es "agilidad máxima".

El informe que se encargó a los letrados para analizar el concurso público acordado por la oposición, confirma las "dudas" que, desde un principio había planteado la propia Ana Pastor, junto con los miembros del PP de las Mesas del Congreso y del Senado.

"El informe dice que hay que hacer muchísimas correcciones a esa propuesta", ha explicado la presidenta de la Cámara, quien ha apuntado que los "inconvenientes" recogidos en el informe son "prácticamente la totalidad" de los que ella había advertido. "Estoy encantada que me den la razón", ha apuntado.

El documento de los servicios jurídicos indica que el borrador de la oposición no deriva en "una plena ilegalidad". De hecho, apunta que se trata de "una propuesta" que podrá servir "como base no vinculante" para aprobar un texto definitivo. Aún así, señala que de él se "derivan algunos problemas de fondo, sobre los que es preciso advertir".

Como ejemplo, los letrados indican que, según la ley, los miembros del Consejo de RTVE deben ser elegidos por los plenos de Congreso y Senado "con mayoría de dos tercios en primera votación y con mayoría absoluta en segunda, siempre y cuando la candidatura hubiera sido planteada por al menos la mitad de los grupos de la Cámara que corresponda". Sin embargo, la propuesta de concurso no habla en ningún momento de elección por parte de los grupos, sino de un comité de expertos encargado de hacer la selección de aspirantes.

Precisamente, la labor de estos expertos también se pone en cuestión, ya que el concurso público recoge que formarán el órgano encargado de evaluar a los aspirantes y de elevar un informe a la comisión parlamentaria que ha de examinarles, una labor que podría no encajar con la ley.

Y es que, con esa redacción la capacidad decisoria de las Cámaras se hallaría "disminuida" porque da más peso a los expertos que el que otorga la ley. Además, advierten de que no se prevé un sistema de impugnación para aquellos que puedan ser descartados, ni se ha programado un plazo de "subsanación para el caso de incumplimiento de los requisitos formales, ni solución para la eventualidad de que no se preseleccione a un número suficiente de candidatos".

Los letrados también señalan que el texto de la oposición distingue dos procesos distintos, uno para los candidatos a consejeros y otro para el futuro presidente de RTVE. Esta división "tiene difícil encaje" con la ley, según los expertos jurídicos, ya que en esta se señala que "sólo puede ser presidente quien tiene la condición de consejero de la Corporación". Además, advierte que debe ser el Congreso quien debe elegirlo, "haya o no optado por este cargo desde un principio".

Otra cuestión que no se ajustaría a la ley es el "proyecto de gestión vinculante para todo el mandato" que se exige presentar a los candidatos a la presidencia de RTVE y que, para la oposición, pasa a formar parte del contrato-programa.

En este sentido, se acepta que puedan presentar un proyecto, pero no que éste pueda ser vinculante, pues la ley dice que son las Cortes Generales las que aprueban mandatos-marco en los que se concretan los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendados, y que están vigentes nueve años.

Limitar el número de órganos de la Cámara implicados en el procedimiento; corregir algunos de los requisitos que se exigen a los aspirantes al Consejo de Administración; o especificar quién convoca la apertura de la convocatoria y los plazos a seguir, son otras de la reformas que proponen los expertos.

Ana Pastor ha destacado que el trabajo de los próximos días no es un tema político, sino jurídico, y que es a ella a quien le toca defender, como presidenta del Congreso, que se lleve a cabo todo el proceso de forma correcta, velando "por la legalidad".

"He leído por ahí ya quien dice que hay retrasos, y todo el mundo sabe de todo, que me parece estupendo, pero lo que hay que saber es que estamos hablando de un procedimiento", ha concluido.