Un día después de las elecciones que ratificaron a la anterior Junta Directiva, dos años de investigación han desembocado en la detención del presidente de la SGAE, Teddy Bautista, entre otros, por un presunto delito de desvío de fondos y apropiación indebida de la gestora de derechos de autor, que recaudó 365 millones de euros en 2010. El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha autorizado el embargo y bloqueo de varias cuentas relacionadas con la presunta comisión de delitos societarios y contra el patrimonio.
En marzo de 2010, el titular del Juzgado, entonces Baltasar Garzón, recibió una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción. A partir de ese momento, Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarrollado una exhaustiva investigación que ahora ha culminado en las detenciones y registros a la sede de la SGAE, entidad que cobija a 100.000 asociados.
Todo parte de la denuncia que presentaron en noviembre de 2007 la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).
La denuncia se basaba en la aparición en varios medios de comunicación de "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE".
Los internautas denunciaban que los directivos de la entidad habían formado una trama societaria de empresas filiales en torno a la SDAE en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invertían en actividades lucrativas para las mismas.
Según los datos que obran en las diligencias, que han sido declaradas secretas, la investigación se realiza a personas vinculadas al Grupo SGAE que podrían haber creado una trama societaria en aprovechamiento de su situación dentro de la sociedad y desviar fondos en perjuicio de la propia entidad y de sus socios.
Hay 17 órdenes de registro en domicilios particulares de los imputados y en algunas de las empresas de la Sociedad Digital de Autores (SDAE), perteneciente a la SGAE.
Así, el actual titular del Juzgado, Pablo Ruz, decidirá en los próximos días si llama o no a declarar como imputados a los detenidos o se limita a solicitar el contenido de los interrogatorios que lleve a cabo el UCO.
La emisora Radio Interior, de Moraleja (Cáceres), ha anunciado que enviará a la Fiscalía Anticorrupción documentación que "demuestra irregularidades contables" por parte de la SGAE y que ya esta cadena "denunció hace más de dos años" porque "nunca emitió las facturas por el uso del repertorio musical de la entidad a pesar de que las cantidades fueron abonadas", señala en nota de prensa.
La SGAE ha señalado en un comunicado que "confía plenamente" en la "inocencia de sus directivos" ante la "extraordinaria situación vivida en el día de hoy".