La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha anunciado que "no permitirá el acceso a los estadios a las radios" y que planea emprender acciones legales por el "daño irreparable" producido por el Real Decreto-Ley del Gobierno, que este viernes garantizó el derecho de las radios a entrar en los estadios de fútbol para informar sobre los partidos, pero estableciendo que éstas tendrán que abonar la entrada y el uso de las instalaciones.

La LFP entiende que "el hecho de que se haya modificado" la ley "ratifica" que sus peticiones "estaban realizándose conforme a derecho y con plena legitimación". En este sentido, considera que la "referida modificación afecta clara y directamente a los contratos en vigor existentes" entre los clubes y las operadores audiovisuales, lo que produce "un importante quebranto económico".

"Supone un daño irreparable que pudiera vulnerar el artículo 33 de la Constitución Española, por lo que la LFP en defensa de los intereses de los Clubs y SADs ejercerá las acciones pertinentes y necesarias para su reparación, y para la protección de los derechos que se han visto afectados", avisa la LFP a través de un comunicado.

"Consecuentemente y hasta que no se resuelva el conflicto generado por la modificación realizada", el organismo "no permitirá el acceso a los estadios a las radios que no hayan sido acreditadas por la LFP", concluye.

Según ha explicado el secretario general de la Asociación Española de la Radio Comercial (AERC), Alfonso Ruiz de Assín, si bien las radios todavía no han tomado una decisión conjunta respecto a este tema, la intención de varias emisoras antes de la jornada de Liga era la de acudir a los estadios "para cumplir con la ley".

El Gobierno estableció que las radios tengan que abonar la entrada y el uso de las instalaciones con un precio que sería establecido "de mutuo acuerdo" entre ambos. Así, Ruiz de Assín ha destacado que la postura de las radios es la de "estar dispuestas a sentarse con la LFP para que la cordialidad se recupere cuanto antes".

El Real-Decreto Ley establece que, en caso de desacuerdo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones será la encargada de resolver el conflicto mediante resolución vinculante.