La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que reúne a la práctica totalidad de las emisoras de radio comercial de nuestro país -Cadena SER, Cope, Onda Cero, Radio Marca o Kiss FM- y la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), que agrupa actualmente a Mediaset España, Atresmedia, Net TV (Grupo Vocento) Veo TV (Unidad Editorial), Secuoya, Trece, Real Madrid TV y DKISS, manifiestan su inquietud y disconformidad ante las enmiendas tramitadas por la Comisión de Cultura del Congreso en relación con el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

Ambas asociaciones han mostrado su alarma por la inseguridad jurídica y los perjuicios que generan los cambios que se proponen al actual modelo, tendentes a fortalecer la, ya extrema, posición de dominio de las entidades de gestión frente a los usuarios.

Lo que, en principio, no era más que perfeccionar técnicamente la transposición de una Directiva Europea, ya realizada el pasado abril con el Real Decreto-Ley ley 2/2018, se ha convertido con estas enmiendas en un intento de reforzar la posición de dominio y perpetuar los abusos de las entidades de gestión (sobre todo para las de repertorio musical multinacional, discográfico y editorial); rompe los equilibrios, olvida los precedentes tendentes a la equidad y a la proporcionalidad y provoca una nueva desarmonización de la legislación española con la UE.

Las enmiendas presentadas, no sólo alteran los criterios que han de regir la fijación de las tarifas generales que aprueban unilateralmente las entidades de gestión, sino que modifican la actual composición del único organismo regulador independiente competente para evaluarlas y, en su caso, fijarlas en caso de conflictos: la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI). Con ello se pretende devaluar a esta Comisión, limitando su capacidad de acotar tarifas desproporcionadas impidiendo los abusos de las entidades de gestión, ya sancionados por nuestros tribunales y las autoridades de competencia.

Se pone así de manifiesto, una vez más, la capacidad de influencia de las entidades de gestión -y la permeabilidad a ella de los partidos políticos- temerosas de que nadie, y menos un organismo regulador independiente, pueda limitar sus prebendas y ponerlas en pie de igualdad con el resto de sectores económicos.