La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, creada en 2012 para luchar contra la piratería, ha sancionado en estos cinco años de actividad a 14 páginas web de enlaces, según ha informado el Gobierno.

En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por la presidenta de la Comisión de Cultura en el Congreso y diputada de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, el Ejecutivo señala que en este tiempo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha remitido a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital 128 peticiones para iniciar "actuaciones de control e inspección" respecto a su actividad.

Sin embargo, señala que de estos expedientes solo 14 han terminado en "una resolución sancionadora, mientras que otros 20 están en fase de tramitación y los 94 restantes han sido archivados.

En cuanto a los motivos de estos archivos, el texto señala que había webs que, finalmente, sí cumplían con la normativa, otras que no estaban ya operativas en el momento de la inspección e, incluso algunas que no se encuadraban dentro del ámbito de aplicación territorial de la ley.

También ha habido casos en los que se comprobó que la web no tenía actividad económica o que el prestador de servicios (titular de la página web) no ha podido ser identificado de manera fehaciente y, por lo tanto, no existe un sujeto responsable frente al que iniciar procedimiento alguno.

Finalmente, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual también ha rechazado expedientes por duplicidades o al haberse presentado dos peticiones distintas frente a la misma página web. Otras 13, apunta el Gobierno, están en fase de inspección.

Las críticas a este organismo han sido constantes por parte de la mayoría de partidos políticos debido a su baja actividad y así se lo hicieron llegar al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, durante su intervención en la Comisión de Cultura del Congreso el pasado mes de noviembre.

Entonces, Méndez de Vigo anunció la creación, en colaboración con el Ministerio de Justicia, de una Fiscalía especializada en piratería como refuerzo en la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet.