La Policía Nacional y los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido más de 31.000 euros en moneda virtual, una de las mayores cantidades halladas en centros de la denominada minería bitcoin (generadores de monedas virtuales) localizados en Europa hasta la fecha, según ha informado la Dirección General de Policía, y se ha detenido a 30 personas en varias provincias españolas.
Esta operación se ha desarrollado en el marco de una investigación contra el entramado dedicado a la distribución ilícita de contenidos de televisión de pago mediante cardsharing -acceso a plataformas de televisión de pago de forma ilegal mediante una antena parabólica orientada a determinados satélites, un receptor manipulado y una conexión a Internet- e IPTV -método para tener acceso a más de 1.000 canales de televisión internacionales a través de una suscripción mensual, trimestral o anual y de un decodificador conectado a Internet-.
Precisamente, los arrestados tenían un entramado empresarial a través del que importaban los decodificadores sin declarar para eludir el pago de aranceles e IVA, los distribuían y creaban el firmware El programa informático era puesto a disposición del usuario en foros y página web que eran controladas por los detenidos y los contenidos ilícitos estaban alojados en servidores distribuidos en localidades españolas y europeas. Por ello, en la fase final de la operación, también se ha contado con la colaboración de Europol y Eurojust.
Así, la organización blanqueaba los beneficios obtenidos de productos bancarios complejos, inversión en inmuebles y vehículos de lujo y de la minería bitcoin, a través de la creación de seis centros en los que se ha incautado de 78,3 bitcoins, una de las mayores cantidades intervenidas en Europa. Estos centros requerían un elevado mantenimiento energético que se conseguían "instalando dobles acometidas eléctricas" y defraudando grandes cantidades de fluido eléctrico en varias ciudades españoles, que ascendían a 40.000 euros anuales aproximadamente.
Tras identificar a los responsables de la organización, se han realizado 38 registros, en los que los agentes también han aprehendido 48.800 decodificadores, 183.200 euros en efectivo, 10 vehículos de gama alta, cuatro motocicletas, un vehículo de lujo falsificado, una avioneta, documentación bancaria y contable y material informático. Además, se han practicado tres inspecciones y treinta personas han sido detenidas en Córdoba (13), Málaga (4), Valencia (5), Barcelona (5), Madrid (1), Palma de Mallorca (1) y Lugo (1), de los cuáles tres de ellos han ingresado en prisión.
La investigación comenzó con la denuncia de una empresa que estaba sufriendo la clonación de sus decodificadores de televisión de pago. Entre los identificados, se encuentra un empresario de la Comunidad Valenciana, que dirigía un entramado mercantil propio dedicado a la comercialización de decodificadores manipulados, como uno de los responsables de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y que pertenecía al "segundo escalón" de la trama. Es más, se descubrió que esta persona tenía relación con diversas plataformas de Internet que facilitaban tutoriales para la instalación de estos aparatos.
También se han encontrado a los responsables de una de las principales empresas, sita en Barcelona, importadoras y fabricantes de decodificadores manipulados con el programa informático compatible con el software instalado de fábrica.