En plena temporada turística, los taxistas de Ibiza viven con impotencia la llegada al mercado de una competencia desleal que ofrece sus servicios en internet y en el propio aeropuerto y para la que siempre hay clientes, debido a la escasez de licencias legales en la isla. En el punto de mira investiga este nuevo negocio al margen de la ley en la edición que Cuatro emite el lunes 10 de julio en prime time (22.45).

El turismo genera en nuestro país unos 77.000 millones de euros al año y más de tres millones de empleos que, en ocasiones, se ven amenazados por negocios ilegales que surgen en verano, fundamentalmente en las costas españolas. Las cámaras de En el punto de mira se desplazan hasta Ibiza, donde comprobarán cómo los turistas hacen uso regular de los taxis piratas La reportera Marta Losada investiga cómo actúan estos medios de transporte y qué otros servicios ofrecen a sus clientes.

En Ibiza los taxistas ilegales cobran más a los turistas por sus desplazamientos y a veces les ofrecen drogas o servicios de prostitución. Están denunciados y han sido sancionados en numerosas ocasiones por la vía administrativa, pero al declarase insolventes estas penalizaciones no son efectivas.

El programa comprobará que trabajan sin licencia y cobran en negro.

El año pasado la policía inspeccionó 739 vehículos sospechosos de ser taxis ilegales 739 vehículos sospechosos de ser taxis ilegalesen Ibiza En la isla sólo hay dos inspectores que puedan encargarse de estas irregularidades, circunstancia que favorece la proliferación de este negocio ilegal.

Por otro lado, desde el año 2000 se han producido 8.800 reclamaciones por fallos judiciales que han tenido consecuencias nefastas para los afectados, como, por ejemplo, la pérdida de sus viviendas.

Las reporteras Mireia Linares y Verónica Dulanto viajarán a Alicante, Valencia y Zaragoza para investigar casos que han sido embargados por error. Los bancos y a veces los juzgados han sido los que han desencadenado estas dramáticas situaciones.

El espacio mostrará el caso de una familia que compró una casa a un banco cuando la casa era propiedad de otra entidad. En estos momentos, la familia se encuentra batallando en los tribunales sin que ninguno de los dos bancos le dé una solución.

En el punto de mira también seguirá el caso de una parcela dividida en tres a la que llegó una orden de desahucio y en la que acabaron desahuciando a la persona equivocada. Este error fue subsanado, pero a lo largo del proceso, en el que el juzgado ordenó el cambio de cerradura y rompió la puerta, se produjo un robo por valor de 10.000 euros.