Los grupos parlamentarios del Congreso han acordado, por unanimidad, ampliar a las redes sociales y las plataformas digitales el derecho que ya asiste a las personas o empresas para que se rectifiquen informaciones publicadas por medios de comunicación sobre hechos que les aludan, que consideren inexactos y cuya divulgación pueda causarles perjuicio.

Así se expone en el informe de la ponencia del Congreso que ha negociado la reforma de la ley de Protección de Datos, que se encuentra en fase de tramitación en la Cámara Baja, y que busca adaptar la legislación española a la directiva europea sobre esta materia, que entró en vigor el pasado mes de mayo.

En el texto pactado por los grupos parlamentarios se ha incorporado al texto inicial presentado por el anterior Gobierno,un nuevo capítulo que recoge los derechos digitales y en el que, entre otros aspectos, se regula el derecho a la rectificación en Internet.

En concreto, la ley recoge que los responsables de redes sociales, plataformas digitales y servicios de la sociedad de la información equivalentes adoptarán y ejecutarán protocolos efectivos para garantizar el ejercicio del derecho de rectificación, en particular en relación con los contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y personal en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz.

"A los efectos anteriores, la legislación sobre el derecho de rectificación en los medios de comunicación social resultará de aplicación a redes sociales, plataformas digitales y servicios de la sociedad de la información equivalentes", señala el texto.

Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos, continúa la norma pactada, deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. "Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original", exige la ley.

Esta redacción no ha gustado a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ni a la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), que han registrado en el Congreso un escrito pidiendo a los grupos parlamentarios que no usen las noticias falsas como excusa para controlar Internet.

A su juicio, esta ley pasa "del derecho al olvido al derecho a la amnesia", según ha explicado el director legal de la PDLI y abogado especializado en derecho de las tecnologías, Carlos Sánchez Almedia. "No podemos olvidar que el derecho al olvido comunitario ya es un límite excesivo a la libertad de expresión. Pero intentar legislarlo límite excesivo a la libertad de expresióna la española,, y además contrario a la normativa comunitaria", ha apuntado.

La PDLI y la FeSP sostienen que, en caso de contenidos erróneos o noticias falsas, la actual normativa que regula el derecho de rectificación ya es aplicable a los medios digitales. De este modo, señalan, se está duplicando la normativa lo que "provocaría inseguridad jurídica" para los medios.

Además, consideran que es "muy peligroso" trasladar las decisiones que afectan a la libertad de información (es decir, la responsabilidad legal de borrar, ocultar o modificar un contenido, como las noticias en los medios digitales) a empresas que carecen de los elementos de valoración necesarios, al no haber sido ni los editores ni los autores de esas informaciones, para sopesar la pertinencia o no de atender una rectificación.