El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que flexibiliza la gestión de las televisiones autonómicas y permite la entrada de empresas privadas.

Inicialmente, estaba previsto que la reforma -que modifica la aprobada por el anterior Ejecutivo en 2010- se aprobase la semana pasada en el Pleno del Senado. Sin embargo, la aprobación de la norma se ha retrasado al incluir la Cámara Alta una enmienda, acordada entre todos los grupos a última hora, para recuperar una mención expresa a la prohibición de la pornografía y la violencia gratuita, que se había retirado del texto durante su trámite en el Congreso.

La nueva ley permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit.

Hasta el momento, la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma, mientras que otras comunidades ya tienen de facto algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas privadas.

Durante su paso por el Senado, todos los grupos llegaron a un acuerdo para incorporar al texto de la reforma una enmienda, a propuesta del PSOE, para reincorporar una mención expresa a la prohibición de emitir en abierto pornografía y violencia gratuita, que se había retirado en el Congreso. La enmienda vuelve a cambiar el artículo 7.2 de la Ley Audiovisual, que ya modificó el Congreso, y establece que "está prohibida la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en particular, la de aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita".

Desde el PP, Macarena Montesinos, ha defendido que este proyecto de ley no es un "despropósito", como así lo ha calificado el PSOE, sino una normativa que da libertad a las comunidades para que digan cómo quieren gestionar sus canales, además de aportarles un marco legal. En este sentido, ha reprochado al PSOE que ellos fueron los primeros en privatizar los servicios informativos, las tecnologías y contenidos, y ha puesto como ejemplo Canarias, gobernada por el PSOE y Coalición Canaria, en la que la jefa del canal, nombrada por los socialistas, ha dicho que privatizó los servicios informativos.

Igualmente, ha recordado que durante el anterior Ejecutivo socialista se produjo un ERE de 4.000 trabajadores en TVE, después de que su homólogo socialista, Juan Luis Gordo, le reprochara el ERE planteado en la Televisión valenciana.

Por su parte, desde el PSOE, Juan Luis Gordo, ha mostrado su total desacuerdo tanto en el fondo como en la forma de la reforma, "por su urgencia tramitación que demuestra su déficit democrático".

"De ninguna manera contribuye a la consolidación de las cuentas públicas y nuestro grupo propuso un modelo de fusión voluntaria y de búsqueda de convenios como el modelo alemán de televisión. Una ley que es todo un despropósito", ha sentenciado el socialista.

Mientras, Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, considera que este proyecto de ley sigue la línea de la única solución que se le está ocurriendo al PP para salir de la crisis: privatizar y así lo hará con las televisiones autónomicas.

Inma Riera, de CiU, ha mostrado su rechazo al proyecto de ley porque no se aceptaron sus enmiendas en el Senado "que intentaban evitar la invasión competencial".

Las televisiones públicas cerraron 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros.

En 2011 recibieron en subvenciones más de 2.300 millones de euros.