La Ley General de Comunicación Audiovisual reincorpora la prohibición expresa de emitir en abierto pornografía y violencia gratuita. A propuesta del PSOE, y con el acuerdo de todos los grupos, el Pleno del Senado ha aprobado una enmienda que vuelve a cambiar el artículo 7.2 de la Ley Audiovisual, que, entre otras cosas, se reforma para abrir la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas. Al haber introducido este cambio, el proyecto deberá volver a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.

Según esta enmienda, el artículo 7.2 de la Ley Audiovisual -que ya modificó el Congreso-, establece que "está prohibida la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en particular, la de aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita".

En el último momento, el PP ha aceptado la enmienda con el objetivo de "aclarar la prohibición" y asegurar el derecho de los menores, según ha explicado la senadora del PP Carmén Azuara, por lo que el proyecto tendrá que volver al Congreso para que el Pleno de esta cámara refrende o no las modificaciones introducidas por el Senado y apruebe definitivamente la ley.

La reforma de la Ley Audiovisual, que fue enviada por el Gobierno por el trámite de urgencia, ha sido aprobada por el Pleno del Senado con 157 votos a favor del PP y UPN, 86 votos en contra del resto de grupos y la abstención de cinco senadores. Asimismo, el PP ha hecho valer su mayoría para rechazar los tres vetos y 87 enmiendas que quedaban vivos del resto de grupos.

La Ley, que modifica la aprobada por el anterior Ejecutivo en 2010, permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio, y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".

Hasta el momento, la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma, mientras que otras comunidades ya tienen de facto algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas privadas.

El senador del PSOE Andrés Gil García ha criticado la reforma porque "no es neutral" en cuanto a los modelos de gestión de las televisiones autonómicas, sino que "favorece la gestión privada", y "busca un claro ventajismo político" para el PP mediante la privatización de los servicios informativos y su entrega a empresas "afines".

A estas críticas ha respondido el senador del PP Alejandro Muñoz-Alonso, quien ha asegurado que la reforma no "limita" las competencias de las comunidades "sino que las amplía", al permitir que cada una elija qué modelo quiere para gestionar su cadena autonómica.

Asimismo, el senador popular ha señalado que el conjunto de las televisiones públicas autonómicas costaron 1.750 millones de euros en el año 2010, "mucho más de lo que supuso el recorte de las pensiones ese mismo año", de los cuales 1.510 millones vinieron de subvenciones, lo que ha considerado un "despilfarro" en época de crisis. Del mismo modo, ha sostenido que las plantillas de estas cadenas están "sobredimensionadas", con 7.260 personas empleadas.