Los ministros de Educación y Cultura de los Veintiocho han llegado a un principio de acuerdo para reclamar una cuota mínima del 30% de contenidos europeos que las plataformas de pago por visionado en Internet, como las estadounidenses Netflix e iTunesNetflix iTunes, se verán obligadas a difundir en Europa dentro de su catálogo.

Los Veintiocho han llegado a un principio de acuerdo sobre su posición para poder comenzar a negociar con la Eurocámara las nuevas normas comunitarias sobre servicios audiovisuales, propuestas por la Comisión Europea en mayo, y extenderlas a las plataformas de vídeo bajo demanda y las redes sociales propuestas.

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y República Checa han votado en contra del acuerdo, mientras que Hungría se ha abstenido, aunque la propuesta de compromiso puesta sobre la mesa por la presidencia maltesa de la Unión Europea ha podido salir adelante para empezar a negociar con la Eurocámara, al superar la mayoría cualificada necesaria de países que la ha respaldadoEurocámara, al superar la mayoría cualificada necesaria de países que la ha respaldado, según han explicado fuentes europeas.

La Comisión Europea planteó una cuota del 20% en su propuesta legislativa, que presentó en mayo, para modernizar las normas comunitarias sobre servicios audiovisuales y extenderlas a las plataformas de vídeo bajo demanda, aunque la presidencia maltesa de la Unión Europea ha acordado en su última propuesta de compromiso elevarla al 30%, en línea con la petición de la "mayoría" de países, entre ellos, España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Chipre, Grecia, Rumanía, Lituania, Letonia, Croacia y Hungría. Polonia, por otro lado, aceptaba una cuota del 20%.

En cambio, Dinamarca ha rechazado un sistema de cuotas al considerar que "no le compete a la Unión Europea determinar qué contenido hay que ofrecer", al igual que Finlandia, que ha rechazado la idea de cuotas "impuestas". Países Bajos y Reino Unido han puesto en duda que las cuotas sea un sistema "eficaz", Bélgica ha considerado que "hay mejores formas" de promover el contenido europeo y República Checa también dejó claro que no estaba "convencido" con las cuotas.

Las nuevas normas contemplan que los Estados miembros puedan exigir a las plataformas que contribuyan financieramente, a través de una tasa o un canon, al desarrollo de las producciones audiovisuales europeas, ya sea invirtiendo directamente en contenido o contribuyendo a fondos nacionales, y precisan que sus aportaciones deben ser "proporcional" a sus "ingresos" al país donde contribuyan.

Así, las normas contemplarían "la excepción al principio de país de origen", lo que permitiría a los países miembros de la Unión Europea exigir a las plataformas de vídeo on demandque contribuyan por los ingresos que obtienen en los países de destino, aunque no estén establecidos en ellos, algo que también afecta a los operadores lineales. Los países de establecimiento, además, deberán tener en cuenta la contribución que hacen las plataformas en los diferentes países de destino.

El ministro de Educación español, Íñigo Méndez de Vigo, dejó claro que para España era "esencial" mantener "la posibilidad de que los Estados miembros puedan imponer obligaciones financierasEspaña obligaciones financieras a los servicios de comunicación audiovisuales bajo su jurisdicción, así como aquellos que estén regulados fuera de la misma pero se dirijan a sus audiencias", durante el debate público de los Veintiocho.

España ya exige a las televisiones en línea que destinen el 5% de sus ingresos a la producción cinematográfica desde 2001. "En España, seguramente, lo que se hará es extender el 5% a las plataformas de vídeo bajo demanda"España televisiones en línea que destinen el 5% de sus ingresos a la producción cinematográfica España, seguramente, lo que se hará es extender el 5% a las plataformas de vídeo bajo demanda", han explicado fuentes diplomáticas, que precisan que en España, a diferencia de Francia, no se aplica un canon como tal, sino una contribución financiera que el operador invierte "directamente" en producción y "no hay traspaso de dinero al Estado".

En cambio, Países Bajos, Luxemburgo y Reino Unido han sido los más reacios a la posibilidad de imponer una tasa financiera. "Con la propuesta de que los Estados miembros puedan cobrar una tasa transfronteriza se está tirando por la basura el principio de país de origen", ha denunciado el representante holandés, quien ha avisado que supondrá "una fragmentación" en el mercado y la tasa terminará "repercutiendo sobre los consumidores" y tendrán "menos contenidos".

Reino Unido también ha rechazado la idea de una tasa y ha criticado que autorizar a países de destino a imponerla en operadores establecidos en otros países "socava el principio de país de origen y equivale a un impuesto". Luxemburgo también ha avisado de que la tasa "desincentivaría" los servicios transfronterizos y ha criticado en general que la propuesta genera "incertidumbre jurídica" y "no hay ningún estudio de impacto" sobre sus consecuencias.

Suecia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda y República Checa también rechazan la posibilidad de pedir una contribución financiera a los operadores, según fuentes diplomáticas.

Los Veintiocho han acordado extender las actuales normas de servicios audiovisuales a las plataformas de vídeo bajo demanda, pero también a las redes sociales como Facebook y TwitterFacebook Twitter, si difunden "una parte esencial" de contenidos audiovisuales, han explicado fuentes europeas. El alcance de la directiva era otro de los principales escollos que han dividido a los Veintiocho, junto con las cuotas.

Eso sí, la difusión en directo o streaming de contenidos finalmente quedan fuera del alcance de la directiva, a pesar de que países como España y Francia defendían su inclusión.

Los mismos países que rechazan exigir una contribución financiera a las plataformas para producir contenidos europeos son "los mismos" que se oponen a extender las nuevas normas de servicios audiovisuales al contenido audiovisual de las redes sociales, alegando las "enormes consecuencias" que tendrán las nuevas normas sin que haya "habido una evaluación de impacto".

El acuerdo de principio de los Veintiocho también introduce la posibilidad de que un país de destino puedan "tomar las medidas que considere oportunas" contra un proveedor de servicios que difunda contenido problemático tras haber cometido previamente una infracción, "por motivos de seguridad y orden público", según han explicado fuentes europeas.

Además, se reforzará la cooperación entre los reguladores nacionales en caso de contenidos transfronterizos problemáticos en un intento de reducir el riesgo de que los proveedores se aprovechen de normas menos estrictas en determinados países, algo especialmente importante para Polonia, Hungría y Portugal. El acuerdo de compromiso contempla que el país de origen deberá hacer el máximo esfuerzo para encontrar una solución en un plazo de dos meses.

Además, los nuevos medios deberán cumplir con las normas de protección de menores y no podrán difundir ningún contenido que incite a la violencia, al odio o al terrorismo.