El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal no acotará el derecho fundamental a la libertad de información, aunque sí establecerá "medidas" para "limitar" en "lo máximo posible" cualquier "tipo de perturbación sobre las actuaciones sumariales".

En los pasillos del Congreso de los Diputados, el ministro se ha referido a la polémica propuesta de los expertos de ordenar a los medios de comunicación el cese de las publicaciones declaradas secretas. A este respecto, Gallardón ha admitido que la información es un derecho "de carácter preferente" en base a la "rotunda" jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre este asunto.

"Por lo tanto, nosotros tenemos que adoptar medidas, lo haremos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dirigidas a limitar lo máximo posible cualquier tipo de perturbación sobre las actuaciones sumariales", ha aseverado Gallardón, para insistir en que, "en ningún caso, se establecerá ninguna medida limitadora del derecho a la información".

Además, ha subrayado la importancia de otra medida sugerida por la comisión de juristas basada en que las causas bajo secreto de sumario no se puedan prolongar "indefinidamente", ya que ello acaba "perturbando" el buen fin de las mismas.

La propuesta del nuevo Código Procesal Penal fija un plazo máximo de 12 meses para mantener secreta la investigación y recoge que el tribunal podrá acordar, "previa ponderación de los intereses en conflicto", el cese de la difusión cuando un medio la divulgue, siempre y cuando pudiera comprometer "gravemente" el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados.

La propuesta de la comisión institucional dedica un capítulo específico a la Publicidad de las actuaciones en el que regula la presencia de los medios de comunicación en el juicio, la información del proceso o la prohibición "excepcional" de revelar determinadas informaciones cuando sea necesario para preservar el orden público, la seguridad nacional, los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes, entre otros motivos.

En este último apartado, se contempla la posibilidad de que "si se difundiere públicamente por cualquier medio información sobre el proceso, con vulneración del secreto de las actuaciones, o en su caso de los deberes de sigilo y reserva previstos en este Título, el Tribunal de oficio o instancia del Ministerio Fiscal podrá acordar, previa ponderación de los intereses en conflicto, el cese de la difusión, siempre que ésta pudiere comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados".

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han advertido de que limitar las noticias que los medios puedan publicar sobre sumarios judiciales "coarta la libertad de información" y "retrotrae a España 30 años atrás".

"En una sociedad democrática como la española no entiendo que, a priori y antes incluso de la publicación de una noticia, ya se amenace", ha señalado la presidenta de la FAPE, Elsa González, quien ha considerado "inconcebible que una ley de este tipo prospere en una sociedad democrática". "¿En cuántas ocasiones, si no se hubiera filtrado algunos de esos sumarios, no se hubieran destapado corrupciones?", se ha preguntado.

González ha indicado que la FAPE ya remitió al ministro una carta expresando su rechazo a la medida, y continuará actuando para tratar de evitar que prospere, porque "entorpecerá la labor del periodista y aportará casi censura y autocensura" a los medios de comunicación. "La calidad democrática depende del ejercicio del periodismo", ha recordado.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Nemesio Rodríguez, ha rechazado "rotundamente" la medida, que ha catalogado de "censura previa", y que considera que "atenta directamente contra la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos", y supone "un retroceso" en las libertades conseguidas durante la democracia.

Rodríguez ha explicado que la asociación se ha reunido en diferentes ocasiones con el ministro en los últimos meses, y está preparando un informe, junto con la FAPE, para dejar clara una posición común de rechazo a la medida, y que será entregado al ministerio. "Es absolutamente incomprensible", ha indicado Rodríguez.

El portavoz de la APM ha señalado que, por la información de la que dispone la asociación, la pretensión del Ministerio es instaurar un sistema similar al de Francia, en donde existen multas muy elevadas para los medios que publiquen informaciones sobre juicios, si se comprueba que su finalidad era ejercer presión sobre el juez o los testigos.

"Dudo que en esas circunstancias se pueda publicar nada. Es echar un manto de silencio sobre todo tipo de informaciones que pudieran suministrar el fiscal, los abogados o los testigos", se ha lamentado. Así, Rodríguez ha asegurado que "va a ser muy difícil" que los periodistas puedan obtener autos judiciales.

Para la APM, actualmente ya existe "suficiente jurisprudencia sobre cuando el derecho a la libertad de información vulnera otros derechos", y los periodistas tienen claro que "hay que ser muy responsables en el respeto de la presunción de inocencia y derecho al honor". "Los periodistas tenemos que saber que tenemos que difundir información veraz y contrastada. Está claro el marco en el que tenemos que movernos", ha concluido.