Los gobiernos autonómicos podrán decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada, según el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".

Así ha resumido la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el texto que el Ejecutivo remite ahora a las Cortes Generales con la intención de que se tramite por vía de urgencia. Según ha explicado, el Ejecutivo responde así a la petición que habían realizado "muchos" gobiernos autonómicos "ante las dificultades por las que atraviesan esos servicios de televisión".

La vicepresidenta ha subrayado que la intención del Gobierno es "ampliar la capacidad de las comunidades autónomas para decidir cómo se presta la actividad de televisión autonómica" y dotar además estos servicios de "mayor eficacia y eficiencia".

La reforma abre la puerta también a que las comunidades autónomas que decidan dejar de tener una televisión autonómica pública puedan sacar a concurso las correspondientes licencias audiovisuales, según ha avanzado Sáenz de Santamaría.

En caso de que, "como consecuencia de su normativa o de una decisión de esa comunidad autónoma" deciden prestar el servicio público de televisión autonómica podrán hacerlo de una manera directa, como hasta ahora obligaba la ley, con sus propios medios humanos o materiales, u optar por "fórmulas de gestión indirecta", una opción que de facto ya aplicaban algunas comunidades.

En cualquier caso, la comunidades autónomas que decidan quedarse con las televisiones tendrán que cumplir los mismos "principios de estabilidad presupuestaria" que el conjunto de las administraciones territoriales tienen que cumplir como consecuencia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. "No se permitirán desequilibrios en los presupuestos, ni en los gastos ni en ingresos", ha subrayado.

Las televisiones públicas cerraron 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA). Y el año pasado, las televisiones públicas recibieron un total de 2.125,19 millones de euros en subvenciones.

Anunciada la decisión del Consejo de Ministros, ya empiezan a hacer oir su voz las autonomías.

El portavoz de la Generalitat catalana, Francesc Homs, ha asegurado que no se les "ha pasado por la cabeza" privatizar ninguno de los medios públicos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), entre los que se encuentran TV3 y Catalunya Ràdio.

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha apostado porque TV3 siga siendo pública, pero ha defendido que se permita la introducción de "mecanismos de cogestión privada" que permitan mejorar la eficiencia y garantizar la calidad del servicio.

Desde Andalucía, el popular Javier Arenas ha defendido el "papel público" de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), la cual está "consagrada" en el Estatuto de Andalucía y que, por tanto, "respetamos". No obstante, considera que requiere de "cambios muy profundos".

En cualquier caso, el cabeza de lista por el PP en las últimas autonómicas ha asegurado que "la mayoría de las radio televisiones públicas son imprivatizables en estos momentos".

El secretario general de la Federación de Organismos de Radiotelevisión Autonómicas (Forta), Enrique Laucirica, ha asegurado que la posibilidad de privatizar las televisiones autonómicas es "positiva" porque "aumentará las opciones de gestión" de las comunidades autónomas.