El ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido aumentar al 30% la cuota del contenido europeo que se verían obligadas a difundir en la Unión Europea las plataformas de pago por visionado en Internet, como las estadounidenses Netflix (que ha estrenado su primer largometraje español, 7 años en lugar del 20% propuesto por la Comisión Europea en mayo en el marco de su propuesta legislativa para modernizar las normas comunitarias sobre servicios audiovisuales.

"Apoyamos el refuerzo de la presencia de la cuota de cine europeo en las plataformas y en concreto defenderemos un aumento del porcentaje destinado a obra europea dentro del catálogo a un 30%", ha defendido el ministro en un debate público con sus homólogos de la UE sobre la nueva normativa propuesta.

Francia ha pedido que el cupo de cine y series europeas "aumente de un 20 a un 40%", algo que ha apoyado Grecia, y Rumanía ha pedido elevarlo a "un 50%".

Reino Unido ha apoyado el objetivo de la propuesta de promover los contenidos europeos pero ha cuestionado que "cuotas sean lo más apropiado para alcanzar ese objetivo" y ha subrayado la importancia de que el mercado se guía por "la demanda", en vez de "cuotas".

También Finlandia ha defendido que "las cuotas cuantitativas no deben ser la principal herramienta para promover el contenido europeo" y ha defendido "otros medios más flexibles", como, por ejemplo, su distribución vía servicios audiovisuales públicos.

Las cuotas ha sido una de las cuestiones debatidas entre otras por los Veintiocho. Medidas que el comisario de Economía y Sociedad Digital, Günther Oettinger, ha defendido porque "contribuyen a la educación del ciudadano europeo" y ha insistido en la necesidad de ofrecer "suficientes contenidos de Europa".

Países Bajos y Luxemburgo han rechazado de plano la propuesta de la Comisión Europa de permitir imponer una tasa o canon a los servicios de vídeo a la carta para financiar el fomento de las obras europeas.

Países Bajos ha dicho que le "preocupa" la "posibilidad de imponer una tasa, un canon, a los servicios de vídeo a la carta en el país de destino", "una medida innecesaria", que tendrá "consecuencias de gran alcance" y podría suponer la desviación del "país de origen, que es un principio que ha resultado esencial a la hora de crear un mercado único para los servicios audiovisuales en línea", mientras que Luxemburgo ha defendido su "visión transfronteriza" y ha considerado que la propuesta "desalienta la prestación transfronteriza de servicios".

El comisario de Economía y Sociedad Digital, Günther Oettinger, ha defendido la importancia de ofrecer "contenidos suficientes de Europa" y ha insistido en que las obras audiovisuales europeas "contribuyen a la educación del ciudadano europeo" y ha pedido a Países Bajos y Luxemburgo que acepten la propuesta sobre el canon para financiar el fomento de las obras europeas tras recordar que ya se aplican en países como Francia y Alemania y los servicios jurídicos europeos han dicho que "es legal" y dejar claro que "el principio del país de origen no se ve comprometido".

"Precisamente lo que llevamos en nuestra propuesta es la práctica actual. No obliga a ningún Estado a imponer cánones pero los que lo hacen están cubiertos por esta propuesta legislativa", ha precisado.

Oettinger ha confiado en que "las últimas discrepancias" entre los Estados miembro "se pueden resolver para llegar a una decisión de aquí al verano que viene" y ha agradecido sus propuestas "constructivas".

El ministro español ha avanzado "el respaldo de España para seguir adelante" tras considerar "relevante" la extensión de la obligación de la promoción de obra europea a los prestadores de servicios bajo demanda, al tiempo que ha defendido "la equiparación de las obligaciones de los nuevos agentes intermediarios en el mercado con los tradicionales".

También ha reclamado "mayor concreción" sobre los efectos jurídicos de la normativa y ha respaldado la petición de Francia de incluir "la lucha contra la apología del terrorismo" en la normativa. Francia ha insistido en que los países deben "poder intervenir en su territorio" contra el contenido problemático y ha avisado de que "la apología del terrorismo" no cabe integrarla "simplemente en la incitación al odio y la violencia".

Alemania ha dejado claro que "no se puede poner en entredicho" la independencia de los reguladores nacionales y ha rechazado que el grupo de reguladores europeos de servicios audiovisuales (ERGA por sus siglas en inglés) asuma el control y la supervisión a escala europea. "No queremos una europeización de la competencia reguladora. Sigue siendo una cosa de los Estados miembro", ha zanjado el comisario.