El Gobierno tiene hasta finales de agosto para decidir sobre las condiciones de fusión entre Antena 3 y La Sexta, después de que el Ministerio de Economía haya elevado la decisión sobre las condiciones de la fusión al Consejo de Ministros, según han informado fuentes de este departamento.
Tras analizar la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) así como el recurso planteado tanto por Antena 3 como por La Sexta, las mismas fuentes han explicado que Economía ha tomado esta decisión por "razones intersectoriales", al entender el departamento que dirige Luis de Guindos que "hay varios ministerios afectados que pueden tener su opinión sobre este tema".
A partir de ahora, el Consejo de Ministros deberá tomar la "decisión final sobre si se modifican o no" las condiciones fijadas por Competencia. El plazo para decidir es de un mes desde que se ha elevado la decisión, por lo que el Gobierno tendrá hasta finales de agosto para decidir sobre las condiciones de fusión, según han precisado las mismas fuentes.
A mediados de este mes de julio, Competencia autorizó la fusión de Antena 3 y La Sexta, imponiendo a la compañía resultante una serie de condiciones. Así, la CNC ha subordinado la operación al cumplimiento de distintas condiciones, durante un periodo de cinco años, referidas al mercado de la publicidad, la oferta de canales del grupo resultante, la compra de derechos o la obligación por parte del nuevo grupo de suministrar información a la Competencia.
El acuerdo de fusión por absorción entre Antena 3 y La Sexta fue anunciado en diciembre del año pasado. Posteriormente, en abril de este año, la operación fue ratificada por la Junta de Accionistas de Antena 3 y la previsión era que la fusión pudiera estar completada para el mes de junio.
Tras conocer las condiciones de Competencia, tanto Antena 3 como La Sexta mostraron su oposición al respecto. En el caso de Antena 3, la cadena considerar que, en caso de aceptarlas, implicaría competir "en condiciones inferiores" por lo que señaló, al igual que La Sexta, que agotaría todos los mecanismos legales e instancias administrativas con el objetivo de defender la operación y sus intereses.