Pedro Sánchez cumple con Jorge Javier

El PSOE defenderá este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que insta al Gobierno a establecer los mecanismos y desarrollos legales necesarios que impidan situaciones de maltrato animal en los espectáculos públicos y festejos populares realizados en todo el territorio nacional. A tal efecto quiere que se tengan también en cuenta las directrices que contiene el informe del Grupo de Expertos sobre bienestar animal presentado a la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados el 27 de octubre de 2010. De esta manera se materializa el compromiso que el pasado mes de septiembre adquirió el líder del PSOE, Pedro Sánchez , cuando llamó a Jorge Javier Vázquez en directo a Pedro SánchezSálvame

Esta proposición no de ley propone también al Gobierno que permita a las Cortes Generales, en el plazo máximo de tres meses, un proyecto de Ley que contemple los principios, bases y directrices que, deberán respetarse en todo el territorio nacional en garantía del bienestar animal, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.

Se trata de una proposición no de ley que nació tras la polémica suscitada con el Toro de la Vega de Tordesillas en el mes de septiembre y que se debate este martes en el Pleno de la Cámara.

Tanto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como el secretario de organización del PSOE, César Luena, garantizaron que con esta iniciativa el PSOE no tiene previsto "prohibir las corridas de toros" en el caso de llegar al Gobierno y precisaron que el Toro de la Vega "es otra cosa que no tiene nada que ver".

Sánchez insistió en que "no" prohibirá las corridas de toros, aunque reconoció estar en contra del maltrato animal "en todas las fiestas populares". Reiteró entonces la necesidad de aprobar una ley estatal que regule "los mínimos de la protección del animal ante el maltrato".

El secretario general de los socialistas recordó en aquel momento que en la actualidad ésta es una competencia de las comunidades autónomas y, en algunas, "como puede ser Aragón existe una legislación muy protectora y en otras es menor". Por este motivo defendió la necesidad de "una ley marco que regule unos mínimos de protección".