El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha aprobado una instrucción recogiendo las condiciones de trabajo de los informadores gráficos en la Cámara. Si la incumplen, por ejemplo, fotografiando papeles y mensajes o correos privados de diputados en el hemiciclo, puede conllevar la retirada de la credencial de prensa durante un año.

La Mesa del Congreso ha dado vía libre por unanimidad a esta instrucción de Presidencia en respuesta a la polémica suscitada por la publicación en El Mundo en el curso de una sesión plenaria. Aquella fotografía, como la publicada la víspera de los papeles que manejaba Mariano Rajoy en su escaño y en la tribuna de oradores, causó malestar en el órgano de gobierno de la Cámara, que entiende que puede afectar al derecho constitucional a la privacidad de las comunicaciones.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, encargó entonces a la Secretaría General de la Cámara un informe con posibles actuaciones para "compaginar de forma clara" el derecho a la libertad de información con la protección del derecho a la privacidad de las personas, ambos recogidos en la Constitución. Su objetivo era evitar que esas imágenes pudieran volver a producirse.

En la instrucción de la Presidencia se señala que la Cámara pretende "realzar y reforzar el derecho constitucional a la información y simultáneamente proteger otros derechos constitucionales también susceptibles de protección".

Según ese reglamento, los informadores gráficos no podrán tomar fotografías ni imágenes en las zonas que se señalen expresamente y en todo momento "deberán respetar los derechos fundamentales de los diputados y demás personas que prestan sus servicios en la Cámara".

Si se detectaran incumplimientos del reglamento, el Congreso podrá abrir un expediente que, tras dar audiencia al afectado, podrá concluir hasta con la retirada de la credencial durante un año, todo ello por acuerdo de la Mesa del Congreso. Eso sí, el medio de comunicación afectado podría acreditar mientras tanto a otra persona.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV), vinculada a la primera, han solicitado una entrevista con Posada.

La FAPE considera que la decisión editorial de publicar la fotografía del teléfono móvil de Alfredo Pérez Rubalcaba es "éticamente reprobable" pero también entiende que "la solución no está en la amenaza sino en un diálogo que mejore las condiciones de trabajo de la prensa", lo que, a juicio de la organización, redundaría en la calidad de la información que finalmente recibe el ciudadano.