Las cadenas de televisión, obligadas por la ley del 5%, ya se han dejado 1.376 millones de euros en obras audiovisuales europeas desde 1999 hasta 2009. Según el Informe de Cumplimiento correspondiente a 2009, publicado ahora por el Ministerio de Industria, las películas españolas se han quedado con el gran bocado: casi 980 millones de euros (el 77,65% del total). En el último año revisado por el departamento que dirige Miguel Sebastián, los operadores han invertido un total de 109,7 millones, 7,8 millones más de lo exigido.
En ese ejercicio, el 54% (casi 59 millones) se lo ha llevado el cine español; seguido de las películas de televisión españolas, que ganan cuota, hasta el 28% (30,7 millones, cuando en 2008 fueron 17,7 millones).
El operador que más ha destinado a filmes nacionales es RTVE, 25,2 millones de euros, de los cerca de 36 millones que se corresponden con el 5% de sus ingresos.
En el capítulo de telefilmes españoles, el mayor presupuesto ha sido el de Antena 3, con 15,7 millones de los 48 millones que ha invertido (15 millones más de lo previsto, para compensar un déficit de ejercicios anteriores).
Telecinco, pese a que no estaba obligada a invertir, porque durante el ejercicio no emitió películas de menos de siete años (como ha hecho, desde su nacimiento, La Sexta), destinó 5,4 millones a la producción de tv-movies.
Las televisiones autonómicas en su conjunto, obligadas a aportar 26,3 millones, financiaron finalmente obra audiovisual por un importe de 40,5 millones de euros. La más generosa, una vez más, fue TV-3, con 18 millones de euros.
Desde que se aprobó la ley en 1999, las cadenas están obligadas a destinar el 5% de sus ingresos del ejercicio anterior a la financiación de obras audiovisuales europeas.
En 2001, otra ley impuso que el 60% de ese 5% se dedicara a financiar "obras en lengua originaria española".
Hace un año, el pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra estas obligaciones.
El Supremo entiende que esta imposición por ley constituye "una restricción de la libertad que les garantiza el artículo 38 de la Constitución (libertad de empresa)". "La restricción es tanto más relevante cuanto que el destino forzoso de las inversiones no corresponde al objeto propio de su actividad sino a un sector económico diferente", añadía el tribunal.
La nueva Ley Audiovisual establece que las cadenas pueden dedicar el 40% de ese dinero a series, en lugar de a películas . En el caso de las televisiones públicas, les obliga a invertir el 6% de sus ingresos en obras audiovisuales, de los cuales el 75% deberá dedicarse a películas cinematográficas de cualquier género.